La obesidad y el sobrepeso se han convertido de forma silenciosa en uno de los problemas de salud pública a nivel global más importantes. La obesidad es una enfermedad crónica recurrente que cada vez afecta a un mayor número de personas en todo el mundo y, lo más alarmante, a edades cada vez más tempranas. El pasado mes de mayo la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba un informe centrado en las tasas de obesidad y sobrepeso en el viejo continente: dos tercios de los adultos europeos (60%) y un tercio de los niños tienen sobrepeso u obesidad.
Las estimaciones efectuadas por la agencia de salud de la ONU revelan que, para el año 2025, la prevalencia mundial de la obesidad alcanzará el 18% en los hombres y superará la barrera del 21% en las mujeres. Solamente en la Región Europea la obesidad y el sobrepeso son responsables de más de 1,2 millones de muertes cada año. Además, se erigen como el cuarto factor de riesgo más común de desarrollo de enfermedades no transmisibles y se encuentran detrás de hasta el siete por ciento del total de años que se viven con discapacidad en el viejo continente. Si ponemos el foco en España, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a 2020 revelan que el 16,5% de los hombres y el 15,5% de las mujeres padecen obesidad.
Según un reciente informe de la OMS el 29% de los niños europeos de entre siete y nueve años viven con sobrepeso u obesidad. La prevalencia fue mayor en los niños (31%) que en las niñas (28%).
La evidencia científica ha demostrado que la obesidad y el sobrepeso están estrechamente relacionados con otra de las grandes epidemias a nivel mundial: el cáncer. Recientes estudios han demostrado que la obesidad y el sobrepeso se relacionan con hasta 13 tipos diferentes de cáncer, y es probable que sean la causa directa de hasta 200.000 nuevos casos de cáncer cada año en el viejo continente.
La fotografía planteada a lo largo de estas líneas refleja la urgente necesidad de políticas más férreas y eficaces para combatir la obesidad y el sobrepeso. Retomando el referido informe de la OMS los expertos que lo rubrican inciden en que el enfoque que se está empleando para combatir la obesidad podría no ser el adecuado. La mayoría de las políticas se dirigen a modificar el comportamiento de las personas en lugar de abordar una serie de determinantes sociales más amplios, como los factores socioeconómicos, por ejemplo.
El documento apunta a otras barreras como obstáculos a la hora de implementar de forma efectiva las politicas destinadas a luchar contra la obesidad porque, en muchas ocasiones, la salud no está considera como una prioridad económica. Percepción que la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha comenzado a cambiar. Los autores del informe enfatizan en que las intervenciones clave en la industria alimentaria se enfrentan, en muchas ocasiones, con una significativa oposición y escasa voluntad política.
Más de dos tercios de los países que componen la Región Europea de la OMS cuentan con políticas obligatorias orientadas a la reducción del impacto del sobrepeso y la obesidad en los niños a través de medidas dirigidas a la comercialización de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcares o sal (68% de los países), mientras que un tercio de las naciones contaban con políticas de carácter voluntario. Un dato llamativo que se desprende del informe de la OMS es que 52 de los 53 países cuenta con intervenciones centradas en los precios de las bebidas alcohólicas, pero solo 12 países tienen políticas fiscales aplicables a las bebidas azucaradas.
SITUACIÓN EN ESPAÑA
La Universidad Internacional de Valencia publicaba el pasado mes de julio una investigación a través de la que se ponía de manifiesto que las políticas dirigidas a reducir las tasas de sobrepeso y obesidad no están funcionando. Entre los años 2011 y 2021 ha aumentado en nuestro país casi un 40% la cifra de niños con sobrepeso.
Los autores de este trabajo pedían medidas focalizadas en la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables, promoción de los alimentos saludables, limitar el acceso de los menores a los alimentos y/o bebidas ultra procesadas (aumento de los impuestos sobre estos y reducción en los saludables), reformulación de los productos poco saludables y un nuevo sistema de etiquetado de los alimentos.
Poco antes concretamente el 6 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad infantil. Una serie de medidas que tienen como misión reducir la obesidad infantil en nuestro país en un 25% durante la próxima década.
Para ello se han diseñado 200 medidas orquestadas en torno a seis pilares estratégicos: promoción de la actividad física y el deporte, hábitos de alimentación saludables, fomento del bienestar emocional y descanso adecuado, refuerzo de los sistemas púbicos para promover estilos de vida saludables, garantizar la protección de la salud en la infancia y potencial un cambio cultural hacia estilos de vida más saludables.
Entre las medidas más destacadas encontramos la posibilidad de que se impulse la prescripción del ejercicio físico desde los centros sanitarios, garantizar el acceso económico al deporte o garantizar una alimentación saludable, entre otras.
En un encuentro celebrado, el 5 de septiembre con ciudadanos en el Palacio de la Moncloa Sánchez reconocía que, en muchas ocasiones, la obesidad infantil está relacionada con la pobreza infantil. En nuestro país hay casi dos millones de niños pobres debido a que sus familias no pueden llegar a final de mes y proporcionar a sus hijos una alimentación saludable. Una situación para la que se han adoptado medidas como la creación del Ingreso Mínimo Vital y el referido plan.
Fuente: Consalud