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Hasta el pasado 5 de junio, el Servicio Canario de Salud (SCS) pagaba de media 153 euros por cada tratamiento de fisioterapia para los dolores de cuello y espalda que derivaba a una clínica privada de la isla de Gran Canaria. Desde esa fecha, el precio por esa misma prestación, de las más comunes dentro de la rehabilitación ambulatoria, puede alcanzar los 212 euros. Es decir, un incremento que roza el 40%. Para tratar dolores de hombro, pasa de 329 a 407 euros (un 24% más). Para afecciones traumáticas en las extremidades, de 325 a 425 (un 30% más).
La Consejería de Sanidad, desde hace un año de nuevo en manos de Coalición Canaria (CC), publicó a principios de este mes en el boletín oficial la orden que establece el nuevo sistema de tarifación de los servicios concertados. El Gobierno regional tramitó esta orden por la vía de urgencia para responder a las demandas del sector de la sanidad privada y se escudó en la inflación para justificar el aumento del gasto.
En ese procedimiento de urgencia, el SCS pasó de puntillas por las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC). Esta asociación profesional lleva años denunciando la fuerte dependencia del sector privado en los servicios de rehabilitación ambulatoria y el incumplimiento sistemático por parte de las clínicas de la ratio de un fisioterapeuta por cada tres pacientes y hora que fijan los pliegos del acuerdo marco en vigor, firmado en 2013.
Ya a finales de 2017 un extrabajador de un centro concertado de Lanzarote alertó de que en una jornada había llegado a tratar a 80 personas, diez a la hora. En mayo de 2020, en plena pandemia, el Colegio de Fisioterapeutas remitió al Gobierno entonces liderado por el socialista Ángel Víctor Torres un escrito para que sus reivindicaciones fueran tenidas en cuenta en el llamado Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. También ahí alertaban del incumplimiento de las ratios de pacientes en las clínicas privadas y lamentaban que no se hubiera sancionado a las empresas pese a “haber aportado pruebas”.
Desde entonces “no ha cambiado nada”, asegura Vanesa Eugenio, vicepresidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeuta de Canarias. “Ahora mismo estamos en torno a cinco o seis pacientes por fisioterapeuta, aunque depende de la patología. Si hablamos de traumatología, que es lo más común, esas son las ratios, con lo cual se está incumpliendo el contrato y Sanidad no está velando por que se cumplan”, explica.
La vicepresidenta del COFC reclama a la administración más control e inspecciones y recuerda que esos incumplimientos suponen que los profesionales de la concertada tan sólo puedan dedicar entre ocho y diez minutos por hora a cada paciente. Una atención que contrasta con la que presta la pública, que impide más de dos pacientes por fisioterapeuta.
Eugenio sostiene que esa diferencia se aprecia también en las sesiones grupales. “Los grupos (en la concertada) son mucho más numerosos. Quizás tienen más espacio (en los centros privados), pero cuando hay trabajo de grupo tienen muchas más personas que atender a la vez y es más complicado hacer las correcciones y dar las pautas de forma correcta”, advierte.
La vicepresidenta de la organización colegial también lamenta que no se haya aprovechado la ocasión para renovar los conciertos de rehabilitación, un modelo “muy antiguo, muy centrado en la parte pasiva, en aparatos que ya la evidencia nos dice que quizás no son tan efectivos y que hay otras alternativas”. “Nos sorprendió que se haya vuelto a publicar lo mismo en cuanto al número de sesiones, en cuanto a las adaptaciones, y nos estamos ofreciendo a trabajar en las mesas para revisar el convenio junto a otros profesionales, otras sociedades científicas, para ver qué dice la evidencia científica”.
Eugenio alude a patologías “relativamente sencillas” que se atienden en atención primaria, como “un esguince de tobillo, una lumbalgia, una cervicalgia o dolor de hombro”. En el servicio público, estas dolencias se tratan en un máximo de diez sesiones que “no tienen por qué ser diarias”, sino que pueden darse en días alternos, “en función de la evolución”. Sin embargo, en la concertada “la diferencia en el número de sesiones es abismal”. Para las algias vertebrales (dolores de espalda), por ejemplo, la sanidad canaria paga a las clínicas privadas 30 sesiones cuando el servicio público “recupera al paciente en diez”.
“Si se acepta lo que dice la evidencia, que con diez sesiones el paciente sale, ¿por qué tenemos que pagar por 30 y hacer ir al paciente 30 sesiones por ese proceso?”, se pregunta la fisioterapeuta, que también vincula esta dato con el tiempo de atención. “No es lo mismo ver a un paciente diez minutos que verlo media hora”, insiste.
El colegio también cuestiona la ratio fijada para la concertada en la rehabilitación hospitalaria, de un fisioterapeuta por cada 20 camas. “No sabemos de dónde sale ese número, en qué se fundamentan, no encontramos ninguna normativa al respecto. En los hospitales públicos no hay una media. En las islas capitalinas hay un profesional cada seis, siete u ocho pacientes. En Gran Canaria es verdad que aumenta, pero no hay un estándar. La cifra de uno por cada 20 camas nos parece abusiva. Es complicado llegar a tantos pacientes agudos en preoperatorio o postoperatorio. Debería haber un consenso”, zanja.
Más inversión en la pública
Para el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias “no es concebible que se invierta más en la concertación que en los recursos públicos”. Así lo advirtió en el escrito de alegaciones que presentó el pasado mes de enero contra el entonces borrador de orden de las nuevas tarifas. Un documento en el que aportaban “evidencias de ahorro de costes” para el sistema sanitario público gracias a la fisioterapia temprana y la inclusión de profesionales de esta rama en las plantas de hospitalización o en las unidades de cuidados intensivos. “Reducen complicaciones y, al final, ahorran mucho dinero al Estado”, sostiene su vicepresidenta.
La organización colegial ha hecho sus cálculos. En la actualidad hay 239 fisioterapeutas con plaza en el SCS, aunque los efectivos reales son 396. “Contratar a esos 239 profesionales cuesta algo más de ocho millones de euros. Si se duplica esa plantilla, si se invierten otros ocho millones, se pueden cubrir los servicios públicos que están cerrados de tarde”, apunta Eugenio, que recuerda que la rehabilitación concertada se lleva alrededor de 13 millones de euros al año.
Fuente: Canariasahora
