Por el momento, Martos se muestra cauto y prefiere esperar para “ver que contestan los sindicatos y la administración pública a raíz de nuestra denuncia”. En el caso de no recibir una respuesta favorable, el presidente de ANIL afirma que procederá a pedir la paralización de la convocatoria al Supremo, que será en definitiva el que tenga la última palabra sobre la misma.
700.000 personas afectadas
Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los «graves incumplimientos» en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia.
Según explica el propio Martos, la actual situación es producto del «acuerdo de estabilidad» firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 350.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos.
Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.
Según Martos, si la denuncia prospera “el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200.000.000 euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado”.